Dom, 08/07/2012
¿Hasta cuando vamos a seguir callando….?
Un 24,6% del conjunto de trabajadores públicos, según los datos de la Encuesta de Población Activa EPA. Esta cifra choca con la recomendación acordada entre Gobierno y sindicatos en 2002, que establecía un 8% como límite de trabajadores temporales en la administración.
Hoy, en las diferentes Administraciones Autonómicas, a los que más se oye es a los interinos de Educación (aquellos que cesaron tras finalizar el curso escolar), pero hay más, muchos más, no olvidemos los más de cien que cesaron el pasado 30 de junio en el Servef (Promotores de Empleo), o aquellos en la Administración General del Estado, en la Autonómica y en la Local; en la Sanitaria, en la Administración de Justicia, en las Instituciones Penitenciarias, en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. En total son casi 800.000 personas cuyos ingresos y cuyas vidas son temporales y precarias, algunas de ellas con salarios cercanos al salario mínimo interprofesional.

Las suyas son historias que se escriben con coraje: miles horas de estudio, preparadores, libros, exámenes y más exámenes. ¿El resultado? Un aprobado con nota, pero a décimas de la ansiada plaza. Como recompensa por estar entre «los buenos», derecho a formar parte de esa gran bolsa de interinos que se ha transformado en un problema -dicen- para nuestros políticos y gobernantes de proporciones desmesuradas, por aquello de lo que incrementan los costes de personal y la deuda pública -afirman-

Pero, ¿cómo se ha podido llegar a semejante situación?

Las causas son diversas, y ninguna es responsabilidad de estos trabajadores. La principal es la tendencia de algunas Administraciones, especialmente las autonómicas y locales, a reclutar personal por encima de viento y marea (asesores, eventuales, coordinadores, políticos que hay que reubicar, y un largo etcétera), sin pasar por los procedimientos de selección que establece la legislación vigente: las oposiciones y concurso-oposiciones, que son lentos y complejos, aunque garantizan la igualdad de los candidatos, pero que no sirven para las tortuosas pretensiones de multitud de Administraciones.

Las normas de acceso a la función pública se están incumpliendo día a día de forma sistemática, y ahora viene el tiempo de los recortes: 300.000, 400.000. No podemos olvidar que en esta Administración ya han cesado, amortizado, recortado, no renovados contratos…