El presidente de CSIF, Miguel Borra, en una entrevista con 24 Horas de TVE, subrayó que los empleados/as públicos llevan contribuyendo

al Pacto de Rentas más de diez años. En este sentido, necesitan salarios acordes al trabajo que desarrollan y no pueden seguir sufriendo más recortes, por lo que habrá movilizaciones dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se sienta a negociar.

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, Borra alertó sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que marcó un nuevo récord de un 32,5% en el primer trimestre del año, según los últimos datos de la EPA. El Gobierno debe ser punta de lanza del empleo de calidad y tiene que poner en marcha cuanto antes la ley para reducir la temporalidad en nuestras administraciones, señaló Borra.

Recordó, en este sentido, que hay ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social que se encuentran en una situación complicada, como puso de manifiesto la pandemia, y que necesitan un refuerzo extraordinario de personal.

Oferta de empleo público insuficiente

Además, el presidente de CSIF criticó que la oferta de empleo público para 2022 en la Administración General del Estado -que se negocia con Función Pública esta semana- es insuficiente, teniendo en cuenta que solo se crean 4.000 empleos netos, que hemos perdido 54.000 empleos en los últimos diez años y que en menos de diez años también se habrá jubilado un 60% de su plantilla.

Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) -anunciado por el Gobierno y que se aborda hoy con los sindicatos- Borra explicó que se trata de un parche, que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara.

El teletrabajo, según el presidente de CSIF, debía estar desarrollado desde hace más de seis meses en línea con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos. A su juicio, la clave para ahorrar energía debe ser que respetando el acceso a la administración se facilite que los empleados públicos puedan teletrabajar con todas las garantías.