La Administración General del Estado (AGE) va a poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a los casos de agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas se han incrementado de manera exponencial, según los testimonios de los trabajadores y la información recabada por los delegados sindicales.Los casos extremos son las agresiones o intentos de agresiones, pero también insultos, descalificaciones, amenazas o imprecaciones que, según CSI-F, deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo.

Campaña de desprestigio contra los empleados públicos
 

Desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio, una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.