– La subida salarial aprobada no es suficiente: los empleados públicos perdemos un 7 por ciento de poder adquisitivo desde la firma del acuerdo entre Gobierno, CC.OO. y UGT y un 20 por ciento desde 2010.
– El sindicato exige la puesta en marcha de reformas urgentes: plan de empleo a varios años, rejuvenecer plantillas, equiparación salarial, jornada de 35 horas en toda España, actualización del Estatuto Básico del Empleado Público, mejoras en las condiciones de jubilación, regulación de teletrabajo y un nuevo concierto económico para Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado una concentración en Madrid este jueves, 27 de junio, frente al Ministerio de Hacienda, para reclamar al Gobierno un nuevo acuerdo salarial, mejores condiciones laborales, más empleo público y el fin de la tasa de reposición. 

La convocatoria de esta protesta ha provocado que el Gobierno se apresure a aplicar la subida salarial pendiente de 2024, que llega con seis meses de retraso y es insuficiente dado que los empleados públicos arrastramos una pérdida de poder adquisitivo del 7 por ciento desde la firma del acuerdo salarial con UGT y CC.OO. en 2022 y un 20 por ciento acumulado desde los recortes de 2010.

El Gobierno y ambas organizaciones de clase se han apresurado a anunciar esta subida tardía (no solo fue un mal acuerdo, sino que además lo estaban incumpliendo), tras las presiones de CSIF. Nuestro sindicato ya avisó que el Ejecutivo podía aplicar la subida por la vía del decreto como ya hizo Pedro Sánchez nada más llegar al Gobierno en su primera legislatura, igualmente tras las presiones de CSIF. Nos alegramos de que hayan entrado en razón, porque es de justicia.
De cualquier manera, CSIF mantiene sus movilizaciones para:
–    Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

–    Acabar con la alta temporalidad en las AAPP. Para ello es necesario eliminar de inmediato la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal.

–    Implantación de la jornada de 35 horas, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones. Esta jornada la reclamamos igualmente para el sector privado.                     

–    La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.

–    Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición, tal y como manifestó recientemente el ministro de Función Pública.

–    Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades  reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.

–    Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).

–    Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.

–    La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

–    Regulación del Teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado.

–    Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios.
CSIF seguirá trabajando para que nuestros empleados públicos de todos los ámbitos (la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad del Estado, en las oficinas de la administración, el SEPE, Correos, etc.) tengan las condiciones que merecen para ejercer su labor. Si el Gobierno sigue sin reaccionar y sin iniciar las reformas pendientes en las Administraciones Públicas, CSIF le pronostica un otoño caliente.