Con motivo de iniciarse la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en la Cámara baja, desde CSIF han presentado propuestas de enmienda y solicitado reuniones a los Grupos Parlamentarios para intercambiar información e ideas sobre un documento que puede renovarse y enriquecerse pensando siempre en las universidades y en los colectivos que las conforman como profesores, investigadores y personal de administración y servicios.

CSIF pide modificar la redacción porque el texto tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas. Este planteamiento laboralizador, de cariz neoliberal, reducirá derechos y expectativas entre el Personal Docente e Investigador. El sindicato recuerda que el proyecto de LOSU mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela funcionarial y laboral que fomenta duplicidades y frena la movilidad, incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.

Con las enmiendas presentadas, CSIF quiere que se modifique la provisión de puestos de personal técnico, de gestión y de administración y servicios en las universidades y que se realice como dice el EBEP mediante el sistema de oposición y concurso-oposición ya que la fórmula recogida en el actual texto (concurso) no se adapta a la normativa vigente y no respetaría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En el apartado referente a la acreditación estatal, el sindicato independiente considera que se debe suprimir el punto que permite que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios la puedan hacer mediante convenio con ANECA las agencias de calidad autonómicas. CSIF señala que la ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos está generando ya en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito. Por otro lado, sólo 10 de las 17 Comunidades Autónomas tienen agencia de calidad autonómica.

En la enmienda sobre financiación, CSIF considera que la LOSU debería tener un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, llegando hasta el 1´5% del PIB, puesto que hoy estamos en el 0’8% y muchas universidades públicas españolas que en los últimos diez años bajaron un 20% su financiación, sufren una infrafinanciación recurrente e imposible de mantener durante más tiempo. Para CSIF debería haber asignaciones presupuestarias concretas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad. Recordamos que el proyecto de LOSU tampoco tiene Memoria Económica ni detalle de la financiación y, al no haber aportación estatal, va a cargar de deudas a las Comunidades Autónomas.

El sindicato también presenta otra propuesta de enmienda en la que pide que se incluya un capítulo dedicado a la carrera de las figuras postdoctorales. CSIF considera que el proyecto de LOSU se olvida de cualquier referencia sustancial al colectivo de los investigadores postdoctorales, torpedeando la línea de flotación de la calidad presente y futura de nuestro modelo universitario. Recordamos que los investigadores postdoctorales tienen un historial dilatado y brillante en investigación, han cumplido con obligaciones docentes similares a otras figuras y, por lo tanto, necesitan mecanismos de estabilización que igualen en oportunidades a otros colectivos.

Otras enmiendas presentadas por CSIF piden mejoras en el sistema retributivo del Personal Docente e Investigador y garantizar un salario digno a través de las horas y las tares docentes del Profesorado Asociado: Además, para el sindicato independiente resulta un déficit democrático inaceptable que un tercio del máximo órgano de representatividad y gobernanza de la universidad esté controlado directamente por el rector por lo que pide la supresión del artículo correspondiente.

Por último, para CSIF el Proyecto de LOSU presentado desregula aspectos importantes, limita el alcance de los cambios que requería Europa y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades tendrá que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos. Además, creemos que con la excusa de la diversidad, se romperá la igualdad y el marco común básico: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán a su modo en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral. Consideramos necesario en la LOSU un mayor nivel de concreción y armonización y no fiarlo todo a los futuros estatutos de cada universidad.