• Sin negociación, sin información y sin transparencia. El texto que se aprueba en Consejo de Ministros recoge cambios que desconocemos sobre la versión que se entregó a la comunidad universitaria el pasado 9 de mayo o los introducidos sobre temporalidad el 13 de junio, y existe una memoria de la ley de la que tenemos noticias solo por los medios de comunicación.
• Valoramos las nuevas medidas sobre la temporalidad (reducción al 8%, contratos indefinidos y pasarelas para Asociados) pero echamos en falta mejoras en el acceso a la carrera académica para predoctorales, postdoctorales y jóvenes investigadores.

Para CSIF, el anteproyecto de la LOSU

1º) Desregula aspectos importantes, limita el alcance de los cambios que requería Europa y se convierte en una ley de mínimos. El Ministerio de Universidades tendrá que habilitar un largo período de adaptabilidad a través de Decretos y Reglamentos.

2º) Creemos que con la excusa de la diversidad, se romperá la igualdad y el marco común básico: cada universidad y cada comunidad autónoma decidirán en temas claves como la gobernanza, las acreditaciones o el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral. Consideramos necesario un mayor nivel de concreción y armonización y no fiarlo todo a los futuros estatutos de cada universidad.

3º) No hay una carrera académica clara, ágil y predecible. Se tardarán muchos años antes de llegar a conseguir una plaza de funcionario o laboral indefinido lo que dificultará la urgente renovación de las plantillas. Tampoco hay carrera profesional del PDI ni se mejoran de manera sensible las políticas de profesorado.

4º) Consideramos que la propuesta del Ministerio de Universidades tiende al desmantelamiento de los cuerpos docentes universitarios mientras fomenta la laboralización de las plantillas. Mantiene y potencia la perniciosa doble vía paralela funcionarial y laboral que fomenta duplicidades y frena la movilidad. Incrementará la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos.

5º) El documento no mejora el sistema retributivo del PDI. Mantiene la discriminación respecto a otras administraciones, negándose a fijar nivel 28 para TU y 30 para CU y persistiendo en un sistema retributivo adicional individualizado de evaluación permanente. Favorecerá diferencias retributivas entre laborales y funcionarios.

6º) Dota de mayor poder a las agencias de acreditación autonómicas en perjuicio de la ANECA. Para CSIF existe un riesgo evidente en que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (funcionarios) la puedan hacer ahora mediante convenio con ANECA las agencias de calidad autonómicas. La ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos ha generado evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito.

7º) No resulta aceptable la forma de provisión de puestos que se recoge (concurso) para el Personal técnico, de gestión y de administración y servicios, actual PAS, más con la posibilidad de concurrencia de personal perteneciente a cuerpos y escalas de otras administraciones públicas. CSIF pide la retirada inmediata de este punto. Por otro lado, hay una injustificada merma de representatividad del PAS en los órganos colegiados.

8º) Las universidades tendrán que elaborar nuevos Estatutos en los que cada una regulará motu propio las funciones, estructuras, composición y porcentajes de representación de los órganos colegiados (Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social, Consejo de Facultad u Escuela, Consejo de Departamento, etc.). Creemos que esta “redacción abierta” que caracteriza el texto del anteproyecto podría romper la equidad entre universidades públicas.

9º) Sobre financiación, pedimos un objetivo más ambicioso y acorde con la UE, en torno al 1,5% del PIB. Además, no existe un plazo concreto de cumplimiento del objetivo del 1% del PIB marcado. Para CSIF debería haber asignaciones presupuestarias específicas para la regeneración de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad. Además, exige a los profesores para obtener las acreditaciones el requisito de estancias pre o posdoctorales de movilidad sin incremento del gasto presupuestario.

10º) Para CSIF, se blinda la “tasa de reposición” a PAS y PDI lo que dificultará la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas.

En definitiva, quedan muchas dudas e interrogantes pero el anteproyecto pasará ahora a vía parlamentaria donde, esperamos desde CSIF, se corrijan algunas de las medidas (laboralización de las plantillas, escasa financiación, mayor poder a las agencias de acreditación autonómicas, figuras de Profesor Permanente Laboral, etc.) que más parecen hechas para obtener el voto de ciertos territorios y grupos parlamentarios que para impulsar, mejorar y resolver los problemas del Sistema Universitario Español.