30 de agosto 2021

Sobre el contenido de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) pivotan gran parte de las expectativas generadas en las universidades españolas para el próximo curso 2021-2022. Sin embargo, para CSIF preocupa mucho conocer la, hasta ahora, desnortada y cambiante política de Manuel Castells con los fallidos intentos sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador o la reforma puntual de la actual Ley Orgánica de Universidades que quedaron en agua de borrajas tras el rechazo generalizado de los actores implicados ante unos proyectos legislativos que laboralizaban aún más las plantillas docentes y no aportaban soluciones ni a la precariedad ni al resto de los problemas endémicos del sistema universitario.

Aunque el Ministerio de Universidades nos anuncia una primera reunión el 15 de septiembre para “contrastar” el documento, la verdad es que, a día de hoy, seguimos sin negociación y sin información alguna del texto del Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario que pretenden aprobar en un Consejo de Ministros a finales de noviembre, tras una primera vuelta el próximo martes, 31 de agosto. En este escenario, inquietan las noticias aparecidas en un medio de comunicación nacional sobre pérdida de autonomía, financiación desigual, desaparición de la figura de Contratado Doctor, aumento de poder para los estudiantes, cambios en la expedición de títulos, etc. Ante estas informaciones y, a falta de conocer el documento, CSIF ha manifestado su preocupación por el diseño de la carera docente e investigadora y la falta de medidas para acabar con la inestabilidad y la precariedad de las plantillas.

Tampoco parece claro el proceso de tramitación de la nueva LOSU cuya aprobación en el Parlamento estiman que podría producirse en el segundo trimestre de 2023. Para CSIF, largo se fía en un escenario político tan fragmentado y con las más que probables fricciones entre PSOE y PODEMOS y algunos gobiernos autonómicos por los asuntos universitarios.

Mientras marchamos por este largo camino, justificado con la excusa de que la reforma de la universidad es una prioridad de Bruselas para recibir los fondos europeos, continúan sin resolverse los problemas de precariedad e inestabilidad del profesorado laboral, seguiremos sin un Estatuto del PDI que defina una carrera académica estable y predecible, sufriremos la escasa financiación, el mantenimiento de la tasa de reposición y los obstáculos burocráticos de la investigación, no habrá mejora de niveles y retribuciones para el PDI y mantendremos los aspectos nocivos del RD 14/2012.

Al margen de la LOSU, parece que el Ministerio de Universidades va a limitar sus actuaciones normativas a aprobar el Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias (pendiente aún del dictamen del Consejo de Estado) y al Real Decreto del régimen de creación de universidades (aprobado ya por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio) cuyas exigencias, como ya denunció CSIF, podrían incumplirse por algunas universidades públicas debido a la alta temporalidad de las plantillas docentes. Recordamos que más de la mitad de las universidades españolas (32 públicas y 13 privadas) superan el máximo del 40% de temporalidad permitido por la ley.

Respecto al imprescindible incremento de la financiación parece que, de momento, va a quedar restringido a los planes de digitalización (concedidos ya 76,85 millones de euros) y a las ayudas postdoctorales del plan de recualificación del personal docente e investigador para el que se destinará una cantidad de 383.120.000 euros para el período 2021-2023.

CSIF pide una serie de mejoras que deben abordarse sin demora durante el curso que recién empieza: reformar los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario, fomentar la investigación y la transferencia, eliminar la tasa de reposición y puesta en marcha de procesos de estabilización para PAS y PDI, mejorar la inaceptable situación del Profesorado Asociado, reconocimiento y cobro de quinquenios y sexenios para el PDI laboral temporal, indemnización por finalización de contratos para el Personal Investigador predoctoral en formación y establecimiento de una carrera profesional para el PAS que permita la promoción vertical y horizontal con los incentivos correspondientes.

Noticia: https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/326048