Entrevista a Ramón Caballero, vicepresidente nacional de Educación de CSIF, en Magisterio

El patio universitario, sobre todo el Ministerio de Universidades y la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), empieza a estar revuelto en estos días. Después de dos meses en los que parecían «adormecidos» como nos comenta Ramón Caballero, vicepresidente del CSIF para las universidades, parecen que quieren ponerse las pilas en estos días. Veremos en las próximas jornadas y semanas hasta qué punto hacen o no sus deberes y la calidad de sus decisiones. En juego está el desarrollar de la mejor manera posible el curso universitario 2020-21.

• A mediados de julio tuvisteis los sindicatos una reunión con el ministro de universidades, Castells, para abordar la mejora del Estatuto de los PDI (personal docente e investigador). Pero después de aquel encuentro, CCOO, UGT, CSIF, os mostraron contrarios al boceto que se le presentó de este. ¿En qué punto se encuentra la negociación ahora?

Estamos teniendo reuniones CSIF, UGT y CCOO para debatir el anteproyecto de ley por el que se modificaría la Ley Orgánica de Universidades y para el Estatuto del PDI. Son reuniones que el Ministerio está también haciendo en paralelo con otros colectivos e instituciones (CRUE, Regiones, Consejos Sociales y Asociaciones), nos parecen bien estas. Pero en el caso concreto del Estatuto del PDI según la ley y normativa española debe haber una mesa de negociación auténtica porque son temas laborales.

La primera reunión fue el 13 de julio y fue fallida, nos presentaron una propuesta de borrador que a todos los sindicatos nos pareció errónea y que para CSIF requiere una enmienda a la totalidad. Después nos convocó a otra el 31 de julio donde los envíamos antes una valoración y proposiciones ante las propuestas harto peligrosas recogidas en el borrador. Es un cambio que genera mucha incertidumbre, faltan detalles en la figura del PDI; hay ausencia de la Memoria económica; no hay coordinación entre la regulación de la LOU y el PDI e incluso hay contradicciones entre ambas normas.

Por otra parte, y esto es gravísimo: el Ministerio propone la laboralización de la plantilla de PDI frente a la disminución del cuerpo universitario. Es decir, crea una carrera paralela frente al cuerpo funcionarial proponiendo las figuras de Profesor Titular y Catedrático laboral. Esto fomentará duplicidades ya favorecer las arbitrariedades según las comunidades autónomas.

• ¿Cómo es posible que un equipo ministerial encabezado por Castells con vasta experiencia en el mundo universitario español e internacional haya hecho esa propuesta de borrador del Estatuto del PDI?

Es sorprendente, pero si hurgan en el pasado universitario de Castells se ve que ha sido vinculado en los últimos 30 años al modelo anglosajón, muy diferente del español, y por otro lado creemos que es una contradicción la laboralización de la plantilla frente los cuerpos docentes universitarios.

Creemos que va contra la estabilidad y seguridad que puede generar el extrapolar este modelo catalán al resto de universidades públicas españolas y regiones para que los propios docentes catalanes están en contra de este modelo y demandan la convocatoria de plazas para los cuerpos docentes universitarios.

En España en todas las etapas educativas desde la Infantil hasta la universidad se aboga por el modelo funcionarial, ¿a qué viene proponer el crecimiento de la precariedad en un modelo ya de por sí inestable e inseguro?

• A finales de julio se alcanzó un acuerdo importantísimo entre la UE y sus países miembros para financiar la vida durante el fin de la pandemia y la postpandemia. ¿Hasta qué punto están el ministro de Universidades y sus colegas consejeros de Educación dispuestos a financiar con parte de esos fondos las necesidades del sistema universitario español?

Aún no hay nada seguro sobre cuándo y cómo llegará esa financiación. Todos los actores coinciden en que será en 2021 cuando llegue ese financiación y se sepa qué partes de esos fondos podrán dedicarse a Educación y en concreto a universidades. Hoy en día sólo tenemos constancia de que el gobierno aprobó destinar 400 millones para el inicio del curso universitario público, celebramos esta decisión que habíamos demandado para la formación del PAS y del PDI en nuevas tecnologías, para adaptar aulas, comprar más equipos , y para reforzar las plantillas de PDI y PAS.