– La escasez de fondos repercute en las plantillas, la calidad docente y la investigación
– Es necesaria una reforma urgente de los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario

Se inicia un nuevo curso académico y CSIF alerta que sigue sin resolverse el grave problema de la infrafinanciación de las universidades públicas españolas que reciben ahora menos fondos que hace diez años. La estadística del Ministerio de Educación es contundente al reflejar el descenso de 1.300 millones de euros en el gasto público en educación universitaria entre 2010 y 2017. También sigue sin recuperarse la inversión por alumno que se recortó un 13% entre 2010 y 2015 según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los resultados de estas políticas evidencian que en las universidades los ingresos de las administraciones públicas van a la baja, mientras se produce un incremento general de los ingresos provenientes de tasas y precios públicos que tienen que pagar los ciudadanos.

En este escenario de escasa financiación, la situación se muestra insostenible en las universidades públicas catalanas, cuyos rectores denuncian la gravedad de su situación financiera y demandan acciones inmediatas para no ver afectados el funcionamiento normal y los resultados de la actividad universitaria. La desinversión pública en la universidad afecta a la mayoría de Comunidades Autónomas y algunas (Valencia, Madrid o Castilla y León) están proponiendo ya un nuevo modelo de financiación de las universidades que garantice estabilidad y certidumbre, y que les permita aspectos básicos como mantener los edificios o renovar equipos.

CSIF denuncia que los recursos resultan totalmente insuficientes también en la I+D+i según acaba de certificar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al indicar que la inversión total (pública, privada y extranjera) en I+D+i ha caído en España entre 2009 y 2016, un -10,2% en contraste con el crecimiento del 17% de la Unión Europea. Necesitaríamos incrementar la inversión en investigación y desarrollo un 0,8% del PIB (10.000 millones de euros) para acercarnos a la media europea y a los objetivos del Horizonte 2020 que es el programa que financia proyectos de investigación e innovación en el contexto europeo. El panorama se torna más desalentador cuando se comprueba que los préstamos, las garantías adicionales y las trabas burocráticas influyen decisivamente en que sólo se haya ejecutado el 50% de lo presupuestado para I+D+i.

CSIF pide incrementar la financiación para recuperar y mejorar unas plantillas de personal docente e investigador y de administración y servicios, envejecidas, diezmadas por la tasa de reposición y con altos índices de inestabilidad y precariedad. Sólo el 53% de la plantilla de profesores universitarios tiene un trabajo estable y proliferan por miles los profesores interinos (Titulares de Universidad, Contratados Doctores o Sustitutos interinos) y los contratados laborales temporales (Ayudantes, Ayudantes Doctores y Asociados). Merece señalarse que el colectivo docente más numeroso -que supone hoy en día una cuarta parte de los docentes universitarios españoles- son los más de 22.800 profesores Asociados que cuentan con un contrato temporal y dedicación a tiempo parcial que termina traduciéndose en sueldos vergonzosos y una pésima situación laboral. Es imprescindible aumentar los presupuestos para poder estabilizar a las plantillas de PAS y PDI y poner fin a una mano de obra barata que surgió al albur de la crisis y que se perpetúa en una precariedad inaceptable.

REFORMA DE LOS CRITERIOS ANECA

A lo largo de este curso deben reformarse sin más dilación, los criterios de acreditación del profesorado universitario de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Unos criterios cuyos efectos perversos sobre muchos profesores y algunas áreas CSIF viene denunciando desde hace tiempo y terminó exponiéndoselos el pasado 30 de agosto al Presidente del Gobierno en funciones y al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Estos criterios también han sido objeto de controversia pública este verano por su rigidez, falta de transparencia y excesiva burocracia y porque, además de frenar la internacionalización, dejan en la cuneta a numerosos científicos de élite. El sindicato alerta que algunas áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas, Derecho, Ciencias de la Educación, Medicina Clínica, Historia y Filosofía) se verán lastradas de manera significativa a medio plazo si no se introducen cambios inmediatos en estos criterios de evaluación del profesorado.