CSIF pide acabar con la precariedad de los Investigadores Predoctorales y regular su situación conforme a la Ley de la Ciencia

14 febrero 2018

El nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación que se está negociando con el Ministerio de Economía debe recoger la creación de un código específico, posibilitar la indemnización por finalización de contratos y conseguir la equiparación salarial. El documento saldría mutilado si no define el número máximo de horas de docencia y no recoge explícitamente su consideración como trabajadores y no como becarios. El progresivo derrumbamiento del sistema de ciencia e investigación en España al que estamos asistiendo en los últimos tiempos tiene consecuencias especialmente negativas en los investigadores predoctorales, uno de los colectivos con mayores índices de precariedad laboral que realizan su tesis doctoral en Universidades y Organismos Públicos de Investigación (CSIC, CIEMAT, IGME, INIA, Instituto de Salud Carlos III, etc.) y que deben pasar por un exigente proceso de selección en el que se tienen en cuenta tanto sus méritos académicos como su experiencia previa como investigadores.

Existen hoy en día alrededor de 10.000 trabajadores contratados mediante esta figura. Los Investigadores predoctorales han vivido momentos de gran tensión después de que a comienzos de 2017 el código de sus contratos fuera modificado sin previo aviso, cercenando algunos de los derechos laborales con los que contaban (por ejemplo, el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización a la finalización del contrato). Esta modificación afectó a todos los investigadores contratados a partir del año 2014, ya que los cambios fueron aplicados con carácter retroactivo.

Finalmente, tras las movilizaciones emprendidas desde el colectivo y desde las acciones de denuncia desarrolladas por CSIF, la situación se solucionó revirtiendo los cambios y retornando a la situación anterior. Estos hechos revelaron la inestabilidad de su situación y demostraron la ausencia de medidas de protección de estos empleados del sector público cuya categoría profesional quedó definida con la “Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” de 2011. Leer más